Hugo Lascarro Polo – Abogado laboralista
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Introducción
Dirigir un proceso siempre fue una función del juez. Pero la pregunta es: ¿dirigirlo hacia dónde? El Decreto 2158 de 1948 decía que hacia la rapidez, sin perjuicio de la defensa. La Constitución de 1991 agregó que debe prevalecer el derecho sustancial. Y ahora la Ley 2452 de 2025 da un paso más: el juez laboral debe garantizar derechos fundamentales, equilibrio entre partes, celeridad, enfoques diferenciales y aplicar fórmulas de justicia retributiva, compensatoria, restaurativa y terapéutica. No es un cambio cosmético. Es una transformación en la concepción misma de para qué sirve el proceso laboral. 👇
De dónde venimos: tres capas normativas que se acumulan
Para entender lo que trae la Ley 2452, conviene ver cómo fue evolucionando la idea de la dirección del proceso en Colombia.
La Constitución de 1991 fijó el piso en su artículo 228: la administración de justicia es función pública, las actuaciones son públicas, los términos se observan con diligencia y — esto es lo más importante — en las decisiones prevalecerá el derecho sustancial. Esa última frase cambió la lógica del proceso: el procedimiento es un medio, no un fin. Si la forma se convierte en un obstáculo para hacer justicia material, algo está mal.
El Decreto 2158 de 1948, modificado por la Ley 1149 de 2007, le dio al juez laboral la dirección del proceso con un mandato claro: garantizar el rápido adelantamiento sin perjuicio de la defensa. Eficiencia y garantía procesal. Dos valores en tensión permanente que el juez debía equilibrar.
La Ley 2452 de 2025 recoge todo eso y lo expande. El juez ya no solo dirige hacia la rapidez — dirige hacia la justicia material, con herramientas que antes no tenía expresamente en el Código. 🔍
Lo nuevo: qué significa cada elemento del artículo 3°
El artículo 3° de la Ley 2452 tiene tres bloques que vale la pena leer por separado.
Primero: derechos fundamentales, equilibrio y enfoques diferenciales. El juez debe adoptar medidas que garanticen los derechos fundamentales de las partes y el equilibrio entre ellas. Eso no es nuevo en términos constitucionales, pero sí lo es como mandato expreso del código procesal laboral. Y agrega algo relevante: los enfoques diferenciales. Eso significa que el juez debe considerar si alguna de las partes está en condición de vulnerabilidad — discapacidad, género, edad, origen étnico — y ajustar su actuación en consecuencia. No es tratar a todos igual. Es garantizar que las desigualdades reales no se conviertan en desventajas procesales. ⚖️
Segundo: fórmulas de justicia retributiva, compensatoria, restaurativa y terapéutica. Este es el cambio más llamativo y el que más debate va a generar. ¿Qué significa cada una?
La justicia retributiva es la más clásica: quien causó un daño responde por él. La compensatoria busca restablecer el equilibrio patrimonial — pagar lo que se debe. Hasta ahí, el proceso laboral tradicional.
La justicia restaurativa va más allá: no solo busca reparar el daño económico, sino reconstruir la relación o el tejido social afectado. En el derecho penal ya tiene desarrollo. En lo laboral, abre la puerta a soluciones que van más allá de la simple indemnización.
La justicia terapéutica es la más novedosa en este contexto: reconoce que el conflicto laboral puede tener efectos en la salud mental, la dignidad y el bienestar del trabajador, y que el proceso puede ser en sí mismo un espacio de sanación si se maneja bien — o de daño adicional si se maneja mal. 🧠
Tercero: razonabilidad e igualdad por compensación. El principio de razonabilidad exige que las decisiones del juez sean proporcionales y justificadas. La igualdad por compensación — también llamada igualdad material — implica que para garantizar condiciones iguales de proceso, a veces hay que tratar de forma diferente a quienes están en situaciones desiguales.
¿Qué implica esto en la práctica para abogados y partes?
Varios cambios concretos que ya se pueden anticipar.
Los jueces van a tener — y van a tener que usar — más herramientas para equilibrar procesos donde una parte claramente domina a la otra: una empresa grande frente a un trabajador sin representación, por ejemplo. El enfoque diferencial y la igualdad por compensación les dan respaldo expreso para actuar.
Las audiencias van a poder tener un componente de concertación más activo. Las fórmulas restaurativas y terapéuticas abren espacio para que el juez promueva acuerdos que vayan más allá del pago de una suma de dinero — incluyendo, por ejemplo, medidas de no repetición, reconocimientos, o acuerdos de rehabilitación de la relación laboral donde eso sea posible.
Y para los litigantes: los argumentos que antes se quedaban en el plano constitucional — dignidad, salud mental, impacto emocional del conflicto — ahora tienen un gancho procesal expreso en el que apoyarse. El artículo 3° no es solo principio programático. Es mandato al juez. 📋
Conclusión
El proceso laboral colombiano siempre tuvo vocación tuitiva — de protección al trabajador. Pero la Ley 2452 da un salto: el juez ya no es solo árbitro imparcial que garantiza un procedimiento limpio y rápido. Es un actor que debe orientar el proceso hacia la justicia material, con herramientas concretas y con obligación de mirar la realidad diferenciada de cada parte. Para los abogados, eso significa repensar cómo se argumenta en audiencia. Para los trabajadores, significa que el proceso puede ser algo más que una lucha desigual de recursos. Para los jueces, significa más poder — y más responsabilidad. 💙
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