LAICIDAD DEL ESTADO Y SÍMBOLOS RELIGIOSOS: ¿DEBE HABER CRUCIFIJOS EN LOS TRIBUNALES?

 

Hugo Lascarro Polo

Abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Creador de contenido educativo jurídico en redes sociales.

En 2025, la Corte Constitucional volvió a poner sobre la mesa un tema sensible: la relación entre religión y Estado. La Sentencia SU-454 de 2025 resolvió una tutela presentada contra la misma Corte, luego de que se negara a retirar un crucifijo del recinto de la Sala Plena. Aunque el símbolo ya había sido removido, el debate permanecía abierto: ¿es compatible mantener símbolos religiosos en instituciones públicas con el principio de laicidad que consagra nuestra Constitución? La respuesta, más que un simple sí o no, plantea una reflexión profunda sobre neutralidad estatal, libertad de conciencia y pluralismo en una democracia moderna.

1. EL CASO DEL CRUCIFIJO: ENTRE LA HISTORIA Y LA NEUTRALIDAD

El crucifijo había acompañado las deliberaciones de la Corte Constitucional desde 1999. Durante más de dos décadas, su presencia pasó casi inadvertida, hasta que un ciudadano –declarado ateo– solicitó su retiro, argumentando que privilegiaba una creencia religiosa sobre otras y excluía sistemas morales no religiosos. La Corte, en su momento, respondió que el objeto tenía valor cultural e histórico, y no implicaba adhesión a credo alguno. Sin embargo, en 2024 el crucifijo fue finalmente retirado y entregado a la Arquidiócesis de Bogotá.

En su reciente fallo, la Corte reconoció que, aunque el crucifijo ya no estaba, el debate era necesario para clarificar el alcance del principio de laicidad y establecer pautas para futuras actuaciones de las instituciones públicas.

2. LAICIDAD NO ES ATEÍSMO: EL EQUILIBRIO ENTRE FE Y ESTADO

La Corte Constitucional recordó que la laicidad del Estado no exige eliminar toda referencia religiosa del espacio público. Más bien, impone neutralidad, es decir, que el Estado no puede promover ni privilegiar ninguna creencia específica. El principio de laicidad se apoya en tres pilares:

·       Separación: el Estado no debe inmiscuirse en los asuntos religiosos, ni las iglesias en los asuntos estatales.

·       Neutralidad: los funcionarios públicos no pueden actuar como representantes de un credo mientras ejercen sus funciones.

·       Pluralismo: todas las creencias, religiosas o no, deben recibir igual respeto y trato.

El punto de equilibrio radica en la razón secular. Si un símbolo religioso cumple una función cultural, patrimonial o histórica claramente justificada, puede mantenerse. Pero si su presencia transmite un mensaje de exclusión o preferencia, se rompe la neutralidad constitucional.

Este pronunciamiento no solo toca lo simbólico: define el estándar de convivencia en un Estado pluralista. En un país con profundas raíces religiosas, la laicidad no busca borrar la fe, sino garantizar que nadie sea tratado como ciudadano de segunda por sus creencias o por su ausencia de ellas.

La sentencia SU-454 de 2025 invita a todas las instituciones —escuelas, hospitales, tribunales, alcaldías— a revisar la presencia de símbolos religiosos en sus espacios, preguntándose si cumplen una función secular o si, en cambio, podrían vulnerar la libertad de conciencia de quienes los frecuentan. Este debate también evidencia que la neutralidad estatal debe ir acompañada de educación cívica, tolerancia y apertura al diálogo entre diferentes sistemas de valores.

Como abogado, celebro que la Corte haya reafirmado el principio de laicidad sin caer en extremos. Pero también es claro que el país necesita una pedagogía constitucional más sólida: aún persiste la idea de que “lo religioso” y “lo público” son inseparables. La neutralidad no significa eliminar símbolos, sino contextualizarlos y justificarlos con transparencia.

El crucifijo en la Corte Constitucional fue más que un objeto: fue el espejo de un país que aún busca equilibrar fe y razón, tradición y Constitución. La sentencia SU-454 de 2025 no prohíbe los símbolos religiosos, pero sí exige razones seculares claras y verificables para mantenerlos.
Colombia avanza hacia un Estado verdaderamente plural y respetuoso de todas las creencias.
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