Abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Creador de contenido educativo jurídico en redes sociales.
La nueva Reforma Laboral trae un
cambio que puede pasar desapercibido, pero que tiene un enorme impacto en la
vida cotidiana de trabajadores y empleadores: el fortalecimiento del debido proceso en sanciones laborales.
Hasta
ahora, muchas sanciones se aplicaban sin un procedimiento claro, lo que llevaba
a demandas y conflictos judiciales. Con la reforma, el empleador está obligado
a cumplir un proceso mínimo garantista
antes de imponer sanciones.
Todo trabajador sancionado tendrá derecho a:
✅ Ser notificado formalmente de la apertura del
proceso.
✅ Conocer los hechos y pruebas en su contra.
✅ Contar con un plazo no menor a 5 días para
defenderse.
✅ Impugnar la decisión adoptada.
✅ Ser acompañado por representantes sindicales, si es
afiliado.
✅ Recibir un trato digno, imparcial y proporcional.
Además, los
trabajadores con discapacidad contarán con ajustes razonables que garanticen su derecho de defensa.
La norma exceptúa a las microempresas
con menos de 10 trabajadores y al trabajo doméstico. En estos casos, el
empleador solo deberá escuchar al trabajador antes de imponer la sanción.
Aunque se busca evitar cargas desproporcionadas, esto deja a un sector
altamente vulnerable con menor nivel de protección.
Desde el punto de vista de derechos humanos, la reforma se alinea
con el artículo 29 de la Constitución y los convenios internacionales que
garantizan el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. También
fortalece la libertad sindical al permitir acompañamiento en el proceso.
Desde
el enfoque de política pública,
la medida busca reducir litigios judiciales y dar mayor transparencia a las
decisiones empresariales. Sin embargo, para las empresas medianas y grandes
esto supondrá una carga administrativa importante, casi como llevar un pequeño
juicio interno.
Este cambio busca estandarizar
los procesos disciplinarios, reducir arbitrariedades y fortalecer la protección
de los trabajadores. Para los empleadores, representa la necesidad de actualizar reglamentos internos y capacitar a sus
equipos en procedimientos disciplinarios ajustados a la ley.
La norma representa un avance significativo en la garantía del debido proceso laboral, alineando el derecho disciplinario laboral con estándares de derechos humanos. Sin embargo, al excluir a sectores vulnerables y generar una carga procedimental fuerte en empresas medianas y grandes, el reto estará en su implementación práctica y en que el Ministerio del Trabajo logre el acompañamiento prometido.
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